La reforma del régimen de biocombustibles propone elevar la mezcla obligatoria y modificar el reparto del mercado. Los productores regionales advierten sobre el impacto en sus empresas y reclaman cambios para competir en condiciones más equitativas.
El proyecto de reforma del régimen de biocombustibles, impulsado por Patricia Bullrich y con media sanción del Senado, propone elevar el corte obligatorio de biodiésel del 7,5% al 10%. La iniciativa también modifica la distribución del mercado interno y genera preocupación entre las pequeñas y medianas empresas productoras de Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis.
Desde la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), su director ejecutivo, Federico Martelli, advirtió sobre las consecuencias que podría tener el nuevo esquema: “Muchas de las pymes que yo represento van a ir a la quiebra si esta ley prospera”. El cuestionamiento apunta a las condiciones de competencia frente a las grandes compañías vinculadas con el complejo aceitero, que podrían ampliar su participación en el mercado.
La propuesta establece una reducción progresiva de la participación reservada para las plantas no integradas, que pasaría del 6,5% inicial al 4% desde 2031. CEPREB sostiene que las pymes enfrentan desventajas porque deben comprar el aceite de soja, un insumo que representa cerca del 80% del costo de producción, además de afrontar gastos de transporte. La entidad también envió una carta a Javier Milei para solicitar modificaciones y condiciones más equitativas.
Como alternativa, la cámara propone elevar el corte obligatorio al 12,5% y distribuir el mercado en tres segmentos: un 5% para las pymes regionales ubicadas a más de 80 kilómetros del puerto de Rosario, un 2,5% para las empresas no integradas del cordón portuario y otro 5% para un espacio de libre competencia. Según CEPREB, el planteo permitiría incorporar a las grandes aceiteras al mercado interno y mantener una participación para los productores regionales.
