El secretario general de la UOM, Abel Furlán, presentó nuevas pruebas ante la Justicia y ratificó la transformación económica y administrativa que permitió recuperar el control de los recursos sindicales, reducir costos y fortalecer el patrimonio de los trabajadores.
La gestión de Abel Furlán marcó un antes y un después en la historia de la Unión Obrera Metalúrgica. Después de dos décadas, la organización decidió poner fin al esquema de administración privada que vinculaba a la UOM con Donington S.A. y avanzar hacia un modelo de mayor autonomía, transparencia y control de sus recursos.
La decisión fue contundente: los recursos de los trabajadores debían estar al servicio de los trabajadores. Lo que hoy se intenta presentar como una irregularidad fue, en realidad, una transformación institucional aprobada por unanimidad por el Consejo Directivo y el Secretariado Nacional y posteriormente respaldada por el Congreso Nacional de Delegados.
Furlán no actuó solo, no firmó contratos secretos ni entregó la administración de los fondos sindicales. Encabezó una decisión colectiva que terminó con un esquema vigente durante 20 años y estableció una nueva relación con el Banco Nación.
La empresa USEM fue contratada para realizar tareas de gestión bancaria, no para decidir sobre el destino de los recursos. La administración, las autorizaciones y el control permanecieron en manos de los órganos estatutarios de la UOM.
Los resultados de esa transformación son concretos: reducción de comisiones, impuestos e intereses, nuevas posibilidades de inversión y fortalecimiento del patrimonio sindical.
La gestión también impulsó una profunda modernización administrativa que permitió obtener la certificación internacional ISO 9001:2015 en los procesos de recaudación y pagos, otorgada tras una auditoría externa independiente.
Todo, absolutamente todo, avalado por contratos, balances, resoluciones, auditorías y documentación presentada ante la Justicia. El resultado estuvo a la vista, se duplicaron los ingresos de la organización.
En su nueva presentación judicial, Furlán volvió a aportar pruebas, cuestionó las medidas cautelares dispuestas y solicitó su sobreseimiento.
“Durante 20 años existió un sistema de administración privada. Cuando decidimos cambiarlo, recuperar autonomía y fortalecer el patrimonio de la UOM, comenzaron los cuestionamientos. Los resultados están en los balances y las decisiones, en las actas de nuestros órganos de conducción”, es la posición que sostiene su defensa.
La discusión de fondo excede una contratación. Es una disputa por quién controla los recursos de una de las organizaciones sindicales más importantes del país.
La conducción de Furlán reivindica una transformación que permitió recuperar autonomía económica, profesionalizar la administración y fortalecer la capacidad de la UOM para defender los derechos de los metalúrgicos.
La gestión se mide por sus resultados. Y los resultados de esta transformación están documentados. Furlán no entregó los recursos de la UOM, duplicó en 4 años los ingresos de la organización con la decisión de recuperar su control.




























